La venganza estatal no nos sorprende, pero aviva la llama de nuestra rabia y reafirma la urgencia de la acción directa frente a la maquinaria punitiva.
La negativa judicial a conceder el arresto domiciliario a Juan Aliste Vega — compañero subversivo en situación de desahucio médico— no es una falla del sistema: es su funcionamiento natural. El Estado y sus tribunales burgueses no administran justicia, sino terror institucionalizado y castigo ejemplarizador contra quienes deciden desobedecer y enfrentar su ordenamiento jurídico-militar.
Mientras la justicia burguesa sentencia a muerte en prisión a un compañero desahuciado, las mismas instituciones preparan el terreno para indultar a los perros guardianes del orden. Los violadores y asesinos de uniforme gozan de la complicidad total del poder. Esta supuesta contradicción no es tal: es la lógica implacable del Estado, que resguarda a sus brazos armados mientras busca exterminar a lxs rebeldes, a lxs subversivxs, a lxs que jamás nos convencerán con sus promesas vacías ni obediencia forzada.
No mendigamos la compasión de los jueces ni la falsa humanidad de las leyes del enemigo. La condición terminal de un compañero en prisión es un recordatorio de que las cárceles son centros de exterminio diseñados para doblegar la voluntad. Frente a un Estado que mata con saña y burocracia, la única respuesta digna es la solidaridad activa, contra toda forma de autoridad.
¡Fuego a las cárceles!
¡Libertad a los presos políticos subversivos!
¡Mientras exista miseria, habrá rebelión!
